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Tres médicos de Regina y una administrativa investigados por estafa

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Un grupo de profesionales que formó parte de la anterior comisión directiva del Colegio Médico de Villa Regina son parte de una amplia investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal y por la cual se intenta determinar si existió un perjuicio económico contra sus propios colegas que podría alcanzar los 12 millones de pesos.

Fuentes cercanas al caso adelantaron que los hechos investigados habrían ocurrido entre los años 2020 y 2021 y la maniobra se habría originado en el cobro de las prestaciones que se le facturaban a la obra social PAMI.

La estafa se habría generado en el cobro de las prestaciones que los médicos de Villa Regina realizaban a la obra social nacional a través de la organización que los agrupa, el Colegio Médico.

Detalla que lo hicieron «ocultando, omitiendo el registro y/o el control de documentación contable (facturas, cheques y estados o balances patrimoniales, entre otros) de operaciones realizadas sobre los fondos del Colegio Médico y utilizando sistemas informáticos creados para la facturación de prestaciones, prácticas o servicios médicos, mediante cuentas o usuarios apócrifos con el objetivo de emitir facturación paralela de prestaciones correspondientes a la obra social PAMI».

«El desvío de fondos en el periodo comprendido es de una suma total aproximada a $12.000.000«, indica la investigación preliminar que lleva adelante la fiscal del caso Vanesa Cascallares y que fue presentada por las actuales autoridades del Colegio Médico.

Si bien los profesionales y la trabajadora administrativa ya se encuentra individualizados en el proceso, este medio se reserva la identidad de los involucrados hasta tanto se realice el acto de formulación de cargos.

¿Cómo era la maniobra?

Oscar Pineda es abogado querellante en el proceso y representa a la actual gestión del Colegio Médico de Villa Regina que encabeza Elisa Morales, que impulsó la denuncia contra la anterior gestión. Explicó en pocas palabras que la maniobra consistía en que los médicos facturaban las prestaciones a PAMI pero cuando se cancelaban esos fondos eran por un valor menor y la diferencia era transferidas a cuentas particulares o de terceros.

Esto quiere decir que los afiliados al Colegio no recibían el mismo valor sino que era menor a otros prestadores de la provincia. «Para realizar la auditoría se contrató un estudio contable de Córdoba quienes trabajaron en el sistema informático y se solicitó información no sólo a la obra social sino también a los bancos que intervinieron. Fue muy complejo hacerse de la información pero ya tenemos las pruebas y solicitamos al Ministerio Público Fiscal que se fije la fecha para la formulación de cargos«, expresó el abogado.

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