El Juzgado de Faltas de la provincia de Río Negro decidió dar de baja todas las multas que no fueron pagadas, adelantando que, a mediados de noviembre, al cumplirse 90 días hábiles administrativos de la suspensión de los controles, los radares comenzarán a funcionar nuevamente conforme a lo establecido en la Ley provincial 5.726.
El 22 de julio tras la firma del decreto de promulgación de la ley respectiva por parte del gobernador Weretilneck fue suspendido el uso de radares en toda la provincia por un período de tres meses. La medida incluyó tanto a los que funcionaban de manera irregular, como a los puntos de control del gobierno provincial que están debidamente señalizados.
El autor de la ley es el legislador Javier Acevedo que informó que «se dieron de baja todas las multas que no habían sido pagadas». Las sanciones ya abonadas, en cambio, no serán reembolsadas, dado de que se considera que los infractores han acatado la normativa. Este proceso afectó alrededor del 10% del total de las multas, lo que equivale a aproximadamente 450.000 casos.
«Esto fue a raíz de un trabajo de hace bastante tiempo, donde pudimos aprobar un proyecto de ley sobre la regulación de los radares en la provincia. A partir de eso, como demostramos que los radares hasta hace un tiempo no estaban funcionando de la manera que debieran funcionar, respetando todas las normativas, exigimos que todas las multas que había sido labradas tuviesen una anulación automática», manifestó.
Además, Acevedo indicó que los organismos nacionales y provinciales fueron informados sobre la anulación de estas multas y que, para quienes lo necesiten, se emitirá el correspondiente certificado de libre deuda por las multas por radares aplicados en rutas provinciales o nacionales, aunque se aclara que no se incluyen las multas dentro de los ejidos urbanos municipales.
El legislador también abordó la problemática existente a nivel nacional respecto al uso indebido de radares por parte de diversos municipios en todo el país. En este sentido, Acevedo denunció que «este sistema se ha transformado en una caja negra y una avivada de cazabobos, en complicidad con empresas privadas que se benefician de la instalación de radares y el cobro de multas».
Sobre las reglas ignoradas, Acevedo explicó que «en algunos casos,era la propia ubicación del radar. Segundo, toda la falta de la cartelería y todo lo que tiene que hacer un radar cuando uno se está aproximando, que es avisarle al conductor la presencia de un radar, que hay que disminuir la velocidad. La ley habla de 900 metros antes tiene que comenzar una serie de carteles, que son como 5, 6 carteles hasta antes del radar. Eso faltaba en todos lados».
En el caso de los municipios rionegrinos de General Conesa y Darwin afirmó que «deben sacarlos» y añadió que «si necesitan instalarlos deben depender de la Agencia de Seguridad Vial. En la provincia no está habilitado ningún municipio esas multas, por lo que no hay que pagarlas, el propio Juzgado Provincial lo confirmó», remarcó el parlamentario.
